EL PODER JUDICIAL
El poder judicial es parte esencial de
nuestro gobierno democrático, que se basa en la división de poderes. Ninguno de
los tres poderes (el ejecutivo, el legislativo y el judicial) podría funcionar
correctamente sin el otro, ya que están estrechamente relacionados entre sí.
CONCEPTO
El poder judicial es la facultad estatal que permite la administración de
justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado
resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las
obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. El
Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al
Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la imparcialidad en sus
fallos.
El Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de
eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El
funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al igual que el resto de los
poderes, está regido por la Constitución (que reúne las normas fundamentales
que regulan la actividad del Estado).
Si el presidente de un país (máximo líder del Poder Ejecutivo) comete un
abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial puede
salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos. En
cambio, si quien actúa mal es un funcionario del Poder Judicial, el Poder
Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político.
De acuerdo con la teoría clásica de Charles Louis de Secondat, pensador
político conocido popularmente con el nombre de Montesquieu y autor de uno de
los legados más influyentes de la Ilustración, gracias a dividir los poderes
los ciudadanos tienen garantizada su libertad. Lamentablemente, esto no ocurre
siempre.
El funcionamiento del Poder Judicial es permanente; sus órganos son
estables y tienen funciones que no pueden delegarse. Es importante resaltar que
el Poder Judicial no tiene la facultad de actuar de oficio (cuando se inicia
una diligencia judicial sin que la parte interesada haya actuado), sino que
debe hacerlo a pedido de parte (cuando la parte interesada exige su actuación),
y no puede juzgar sobre los contenidos de la ley sino según la misma.
Un concepto altamente ligado al de Poder Judicial es el de
jurisprudencia, ya que representa el grupo de decisiones que toman los
tribunales con respecto a un asunto determinado. A través del análisis de la
jurisprudencia es posible conocer la interpretación que los jueces dan dado a
cada caso, y esto la convierte en un elemento fundamental del principio
unificador.
El principio unificador de la jurisprudencia hace referencia a la
búsqueda de coherencia entre las interpretaciones de los jueces sobre una misma
materia, y es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que lo aplica. La
jurisprudencia, por lo tanto, es una doctrina que exige conocer el pasado para
decidir cómo actuar en el presente: a través del estudio de las sentencias
pasadas se llega a determinar la mejor manera de aplicar las leyes.
El máximo representante del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de
Justicia y su principal función es controlar la legalidad y la
constitucionalidad de los actos que lleva a cabo el Poder Público, basando su
ejercicio en las leyes y la Constitución. Tiene autonomía funcional,
administrativa y financiera y lo conforman diferentes salas, entre las que se
encuentran la penal, la constitucional, la electoral y la social. Dichas salas,
a su vez, constan de magistrados.
ORGANIZACIÓN ACTUAL
La Constitución Política de 1993 establece que la República del Perú es
una e indivisible y que el Estado es democrático, independiente y soberano.
El Gobierno Peruano es unitario, representativo y descentralizado, se
organiza según el principio de la división de poderes y los representantes de
los poderes son elegidos por el pueblo, en comicios democráticos.
La potestad de administrar justicia emana del pueblo y de acuerdo a la
Constitución es ejercida por el Poder Judicial, a través de sus diversas
instancias.
En el Perú, la administración judicial empieza a nivel de los Juzgados de
Paz no Letrados y de los Juzgados de Paz Letrados, que solucionan casos de
faltas a la ley.
Los primeros investigan y sancionan casos de faltas menores y funcionan
en los pueblos, caseríos y distritos pequeños, donde no hay mucho movimiento
judicial. Para que desempeñe este cargo, el mismo pueblo elige a una persona de
prestigio, probidad y honestidad, que no necesita ser abogado. Los Jueces de
Paz no Letrados dependen de cada Corte Superior de Justicia, que ratifica su
nombramiento.
CONCLUSIÓN
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, el cual y en
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se encarga de administrar la
justicia en la sociedad a través de justamente la aplicación de normas
jurídicas en los conflictos que se susciten.
En tanto, el poder judicial se encuentra encarnado por diversos órganos
jurisdiccionales o judiciales, tales como juzgados, tribunales, los cuales
ejercen la potestad jurisdiccional y gozan de imparcialidad y autonomía, en los
casos ideales, claro está, porque lamentablemente es una realidad que no
siempre esta autonomía es real, aun existiendo la división de poderes de la que
hablábamos a instancias de los sistemas democráticos.
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